Tras el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años obligada a dejar la casa en la que había vivido más de 70 años, se encendió la mecha.
Desde entonces la calle no ha parado: movilizaciones y manifestaciones por todo el país, acampadas en Andalucía: Sevilla, Cádiz y Málaga y una convocatoria de huelga general para el 11 de noviembre. Lo que se grita en las plazas lo conocemos de sobra, en cada barrio: alquileres que se comen el sueldo y vecinas/os a los que echan de donde han vivido siempre.
Ayer miércoles terminamos el día con la noticia de que Maricarmen había muerto en el Hospital Gregorio Marañón. La han matado los disgustos, la ansiedad de no saber qué va a ser su vida. ¿Tan difícil era dejar que llegara al final de sus días en SU CASA?
El país, nuestra provincia, nuestro entorno está lleno de Maricármenes; personas de todas las edades, familias que no pueden acceder a una vivienda porque no pueden pagar los precios de los alquileres (de comprarla ya ni hablamos), que no encuentran casa porque se destinan a otras cosas que no es vivir.
Aquí no vale echarle la culpa a otro. En Andalucía la vivienda es competencia exclusiva de la Junta. Moreno Bonilla tiene las leyes, el presupuesto, el suelo público y AVRA (Agencia de vivienda y rehabilitación de Andalucía). Que no intente escurrir el bulto. Mientras más de 300 municipios de otras comunidades ya se han declarado zonas tensionadas para frenar los alquileres, su Gobierno se niega a hacerlo en un solo municipio andaluz.
Desde Por Andalucía hemos iniciado una recogida de firmas para que no haya más Maricármenes.
